El ministro Richard Canán indicó que los funcionarios de la GNB tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad para evitar cualquier irregularidad en los urbanismos que fueron expropiados por el Estado.
CARACAS. El Ministerio del Poder Popular para el Comercio (Minco) ha identificado más de 700 apartamentos que están 100% listos para ser entregados a las familias que compraron viviendas en los complejos habitacionales que fueron objeto de las medidas de expropiación y ocupación temporal por parte del Estado venezolano.
El titular de este despacho, Richard Canán, explicó que los urbanizadores no habían entregado los apartamentos a sus respectivos propietarios porque pretendían extorsionarlos con el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como con cuotas especiales mediante una figura de justiprecio que inventaron las constructoras privadas.
“Eran los urbanizadores que no querían hacer entrega de los apartamentos. Ya tenemos identificados más de 700 apartamentos que están listos en varios conjuntos residenciales. Vamos a garantizar la entrega inmediata de los apartamentos que estén listos”.
Asimismo, Canán señaló que lo que pretendían hacer los constructores es una violación de los derechos humanos, ya que muchos propietarios debían cancelar alquiler y vivir en casa de sus familiares aunque ya habían pagado una vivienda.
Los urbanismos expropiados y cuya culminación ha sido garantizada por el Estado venezolano son Conjunto Residencial San Antonio, en San Felipe, estado Yaracuy, y Lomas de la Hacienda, en San Diego, estado Carabobo; mientras que en el estado Miranda fueron objeto de la medida El Encantado y El Encantado Humboldt, en El Hatillo, Parque Residencial Mata Linda, en el municipio Cristóbal Rojas, y El Fortín, en Guarenas.
MEDIDAS DEL ESTADO
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sostuvo este miércoles que las medidas de intervención y ocupación temporal tomadas por el Estado venezolano sobre varios conjuntos residenciales fue una medida para proteger y garantizar la propiedad privada de quienes compraron viviendas que estaban en proceso de construcción.
“El Estado tomó acciones en beneficio de los propietarios, los está protegiendo ante los presuntos delitos cometidos por estas empresas constructoras”.
Ortega Díaz explicó que la Fiscalía ha intervenido en esta problemática desde el año pasado, específicamente desde junio de 2009, cuando se creó un plan contra el fraude y la usura por el cobro indebido del Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Los fiscales se dedicaron a atacar estos delitos”.
La funcionaria informó que este año el Ministerio Público (MP) ha solicitado 93 medidas cautelares con respecto a este caso. “Hasta el momento no hay detenidos”, agregó, al explicar que se solicitaron dos medidas privativas de libertad y 25 prohibiciones de salida del país, además de 66 medidas en cuanto a la congelación de instrumentos financieros.
“Todos estos procedimientos los estamos haciendo por las denuncias realizadas por el cobro extra de las constructoras, pues están es ilegalmente disfrazando el IPC”.
Puntualizó que estos procesos de construcción de viviendas deben hacerse bajo la legalidad, “no puede ser que las personas estén en angustia porque les entregan o no las viviendas”.
La fiscal general explicó que dentro de la legislación venezolana está prohibido el cobro del IPC.
Actualmente, indicó la fiscal general, se encuentran actuando en este caso de intervención y ocupación temporal de inmobiliarias 60 fiscales en todo el país: 54 regionales y seis nacionales.
ENTREGA - Preocupación
“Las personas que estaban en proceso de protocolización del inmueble y que ya han cancelado 100% sus apartamentos tienen garantizada la entrega inmediata si está listo el apartamento, para eso se realizará un proceso de identificación de cada uno de los propietarios”, dijo el ministro Richard Canán.
AVN
Diario El Sol de Margarita
11/11/2010
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